PRONUNCIAMIENTO DE ENTIDADES TÉCNICO - ACADÉMICAS RESPECTO A LOS INCENDIOS EN LA CHIQUITANÍA – SANTA CRUZ
Ante el desastre ocasionado por los incendios forestales, particularmente los que se han suscitado en los últimos 20 días en la Chiquitanía y que han afectado más de 500.000 ha de bosques, destruyendo el singular Bosque Seco Chiquitano de características únicas a una escala mundial y amenazando a áreas protegidas nacionales y subnacionales, como la Reserva de Vida Silvestre Tucabaca en Roboré, las instituciones firmantes abajo, hacemos conocer el presente pronunciamiento.
Se debe considerar que los regímenes de incendios forestales, que están afectando territorios indígenas, comunidades campesinas, bosques, ecosistemas naturales y áreas protegidas, son provocados principalmente por cuatro factores:
La normativa actual (contradictoria a las políticas nacionales)
Chaqueos indiscriminados y descontrolados
Uso de vegetación local como combustible
Condiciones climáticas adversas
Estos factores son dinámicos, pero en las últimas décadas las políticas de cambio de uso de suelos, han propiciado focos de calor que han incrementado aún más la probabilidad de incendios forestales en nuestro país. A esto se suma el cambio climático, datos del IPCC (Panel Intergubernamental sobre Cambios Climáticos) muestran que, en el planeta, se ha incrementado la temperatura en al menos un grado centígrado, y esto seguirá en aumento, por lo cual el cambio de uso de suelos propiciará que los regímenes de incendios futuros se incrementen aún más por esta razón, sobredimensionando sus efectos en estos territorios que albergan nuestro patrimonio natural y cultural.
Los incendios forestales que se están dando en nuestro país, demuestran que esta dinámica (normativa-chaqueos-combustible-clima), es insostenible, más aún si se considera que en Bolivia se está impulsando el cambio de uso de suelos, dando mayor protagonismo a “personas” como causantes directos de los fuegos. En consecuencia, la dinámica de fuego es magnificada y devastadora, tal y como se observa en lo que va de la gestión 2019: pérdidas económicas relacionadas a la producción local e infraestructura, pérdida de agua, incremento de la contaminación del aire, pérdida de biodiversidad, pérdida de diversas funciones ambientales, entre otros.
Por lo anterior, las instituciones firmantes abajo, elevamos las siguientes solicitudes a las autoridades competentes y la opinión pública:
1. Activar el protocolo de declaración de zona de desastre para gestionar inmediatamente ayuda internacional, no sólo económica, sino también técnica.
2. Derogar la Ley N° 741, el plan de Desmontes de hasta 20 ha (PDM 20) y el D.S. 3973 que incentivan al chaqueo en un contexto de anarquía y tráfico de tierras para justificar su posesión y en otros casos para la ampliación de monocultivos industriales, sin evidencia alguna de sostenibilidad, y que además han debilitado, de manera irresponsable, la racionalidad de los planes departamentales de uso de suelos (PLUS).
3. Solicitar al gobierno central, gobiernos departamentales y municipales, dejar sin efecto la ampliación de la frontera agropecuaria en tierras no aptas para estos usos, asegurando las funciones ambientales necesarias para que estas tierras y territorios beneficien a toda la población actual y las futuras generaciones.
4. Hacer un llamado a la sociedad civil para defender los territorios indígenas y campesinos, que aseguran la supervivencia de la biodiversidad, los ecosistemas y las áreas protegidas, y que además se constituyen en sistemas importantes de mitigación y adaptación frente al cambio climático.
5. Definir un nuevo modelo productivo, acorde a las políticas nacionales (CPE, Ley N° 071, Ley N° 300), bajo el principio del uso de las potencialidades que nos brindan los diferentes ecosistemas y respetando la capacidad de uso mayor de la tierra, es decir considerando para qué es apta la tierra en el marco del ordenamiento territorial.
6. Encaminar claramente las políticas de colonización del actual gobierno con respecto a los asentamientos humanos en tierras bajas, respetando las potencialidades naturales y respetando la capacidad de uso mayor para estos asentamientos.
7. Impulsar el aprovechamiento integral y sostenible de las potencialidades de los bosques (productos maderables, no maderables, servicios ambientales, otros) respetando las capacidades de regeneración de los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra, tal cual lo indica uno de los principios de la Ley N° 300.
8. Elaborar un programa de protección estricta para los Bosques Secos Chiquitanos, que conlleve acciones que permitan contribuir a la recuperación de la biodiversidad perdida en los incendios de esta gestión y minimicen la probabilidad de futuros focos de fuego, que se prevé serán incrementados por efecto del cambio climático y las actuales políticas de uso del suelo.
9. Implementar proyectos de restauración de los sitios quemados que considere su protección hasta una recuperación plena, pues gran parte del problema de los incendios forestales llega luego que el fuego se apaga, tales como el cambio de uso de suelo impulsado por intereses particulares impidiendo la regeneración de los bosques.
10. Finalmente, identificar a los responsables por acción u omisión y aplicar las sanciones que correspondan.
Ante la amenaza y destrucción que sufren los ecosistemas en el país, reafirmamos nuestra visión de que se deben visibilizar y fortalecer las áreas protegidas, su importancia no sólo para la conservación de la biodiversidad, sino para la sobrevivencia de la población humana en general, por los beneficios que ésta brinda como: “provisión de alimentos, provisión de agua, la regulación del clima, ciclo de nutrientes, regulación de plagas, polinización agrícola, servicios culturales y turismo ecológico, protección contra inundaciones y otros desastres naturales, entre otros”.
También reafirmamos nuestra posición relacionada a que, con el cambio climático, el papel de las áreas protegidas y su biodiversidad, es fundamental para disminuir la vulnerabilidad de los medios de vida de las poblaciones humanas y demás especies.
Los abajo firmantes, manifestamos toda nuestra voluntad para apoyar a las instancias que así lo requieran, en las distintas capacidades que institucionalmente podamos brindar y expresamos toda nuestra solidaridad ante este terrible evento.
Atentamente:
1. Colegio de Biólogos de La Paz
2. Colegio de Biólogos de Cochabamba
3. Colegio de Biólogos de Santa Cruz
4. Colegio de Biólogos de Pando
5. Colegio de Ingenieros Ambientales de Chuquisaca
6. Colegio de Ingenieros Ambientales de Tarija
7. Colegio de Ingenieros Forestales de Santa Cruz
8. Colegio de Veterinarios de Santa Cruz
9. Carrera de Biología USFX
10. Carrera de Biología UMSA
11. Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano FCBC
12. Fundación Tierra
13. Centro de Biotecnología y Nanotecnología Agropecuario y Forestal UMSS (Cbba)
14. Centro de Investigación en Biodiversidad y Medio Ambiente CIBIOMA (Beni)
15. División de Desarrollo Integral del Norte Amazónico DINA UMSA
16. Instituto de Investigación en Biodiversidad y Agro genética – BIORENA (Ch)
17. Museo Noel Kempff Mercado (SC)
18. Museo Alcides D’orbigny (Cbba)
19. Red de Agricultores Investigadores de Chuquisaca
20. Red de Agua y suelos UMSS
21. Red de Biodiversidad, Recursos Naturales y Medio Ambiente UMSS
22. Centro de Biodiversidad y Genética UMSS
23. Asociación Boliviana de Ornitología ASBOR
24. Asociación Sucrense de Ecología
25. Programa para la Conservación de Murciélagos de Bolivia
26. Sociedad Boliviana de Botánica
27. Sociedad Boliviana de Ciencia Del Suelo
28. Sociedad Boliviana de Entomología
29. Red Boliviana de Mastozoología RBM
30. Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA
Bolivia, 21 de agosto de 2019